España y el reto del agua: una mirada desde Estocolmo

Cada año, científicos, responsables políticos y representantes de la sociedad civil se reúnen en Estocolmo durante la Semana Mundial del Agua para reflexionar sobre uno de los desafíos más urgentes del siglo XXI: la gestión sostenible de los recursos hídricos. Es una de las conferencias líderes sobre agua, que promueve la cooperación intersectorial y transfronteriza. La edición de 2025, bajo el lema “Agua para la acción climática” (Water for Climate Action), se centrará en abordar las emergencias relacionadas con el cambio climático, la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad.

Organizada por el Stockholm International Water Institute (SIWI), la Semana Mundial del Agua es desde 1991 la principal conferencia sobre cuestiones mundiales relacionadas con el agua. Reúne a profesionales de 150 países, comunidades indígenas y organizaciones no gubernamentales que juntos tratan de desarrollar soluciones a los mayores desafíos mundiales relacionados con el agua, con temas que van desde la seguridad alimentaria y la salud hasta la agricultura, la tecnología, la biodiversidad y la crisis climática.

Estrés hídrico estructural

España es un ejemplo de país desarrollado que enfrenta tensiones crecientes en su modelo hídrico debido a factores climáticos, estructurales y socioeconómicos. Aunque en el imaginario colectivo suele asociarse a destino turístico de éxito o a su riqueza gastronómica, su realidad hídrica es mucho más compleja. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el 75% del territorio español está en riesgo de desertificación y el país ya sufre estrés hídrico severo, con precipitaciones cada vez más irregulares y una demanda creciente en sectores clave como el agrícola y el urbano.

Un reciente informe de Fundación Conama (2024) – organización española, independiente y sin ánimo de lucro, que promueve un diálogo abierto para fomentar el desarrollo sostenible en España e Iberoamérica- advierte que la presión sobre los recursos hídricos se ha agravado por la combinación de sequías persistentes, sobreexplotación de acuíferos y una planificación territorial insuficientemente adaptada al nuevo contexto climático. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021–2030 ya advertía que la disponibilidad media de agua en las cuencas hidrográficas podría reducirse entre un 20% y un 40% en los próximos 30 años si no se adoptan medidas estructurales.

Agricultura y turismo

El sector agrícola, que representa aproximadamente el 80% del consumo de agua dulce en España, es también uno de los más sensibles al cambio climático. Las zonas del sureste peninsular, especialmente en Murcia, Almería y Alicante, dependen en gran medida de regadíos intensivos y, en algunos casos, de trasvases hídricos entre cuencas.

Al mismo tiempo, el turismo de masas en áreas costeras y archipiélagos añade presión al abastecimiento en verano. Según datos de Eurostat (2023), el consumo de agua per cápita en Baleares durante los meses estivales supera en un 40% la media anual, lo que obliga a recurrir a soluciones como desaladoras y pozos subterráneos, con el lógico impacto ambiental asociado.

Entre lo legal y lo ambiental

Casos como la situación del Parque Nacional de Doñana ilustran los límites del actual modelo de gestión. En 2023, la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no proteger adecuadamente los humedales del entorno, afectados por extracciones ilegales de agua para cultivos de regadío. La polémica se agravó cuando se aprobaron normativas autonómicas que permitían regularizar explotaciones irregulares, generando críticas desde organismos internacionales como WWF, la Unesco y la propia Comisión.

A ello se suma la sobreexplotación de acuíferos en la cuenca del Guadalquivir y el deterioro de ríos como el Segura o el Júcar, cuya calidad del agua ha empeorado según el último informe del Observatorio de la Sostenibilidad (2024).

Presente y futuro

El Gobierno español ha invertido en infraestructuras hídricas resilientes a través del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, dotado con más de 3.000 millones de euros y cofinanciado por los fondos NextGenerationEU. También se está impulsando el uso de aguas regeneradas para riego y usos industriales, especialmente en la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Además, varias comunidades autónomas han desarrollado planes específicos de ahorro y eficiencia, y el sector privado comienza a adoptar tecnologías basadas en sensores, inteligencia artificial y teledetección para optimizar el uso del recurso hídrico. Sin embargo, múltiples expertos -como el hidrólogo Antonio Camacho, del CSIC- coinciden en que la solución pasa por una reforma profunda de los usos del agua, más allá de la oferta tecnológica.

El caso español ilustra una realidad compartida a nivel planetario. Según el último informe de ONU-Agua (2024), más de 2.200 millones de personas carecen de acceso seguro al agua potable y alrededor de 3.600 millones no tienen servicios adecuados de saneamiento. Se estima que, para 2030, la demanda global de agua superará en un 40% los recursos disponibles si no se produce un cambio estructural en su gestión.

Además, el Banco Mundial ha alertado de que la inseguridad hídrica podría reducir hasta en un 6% el PIB de algunas regiones, particularmente en África subsahariana, Asia central y Oriente Medio, si no se invierte en resiliencia y cooperación internacional.

La Semana Mundial del Agua no solo ofrece un espacio de reflexión técnica y teórica, sino una oportunidad política. Es el momento de reforzar alianzas, priorizar la gestión equitativa del agua en la agenda climática y garantizar que este recurso -esencial para la vida, la economía y la paz- deje de ser una fuente de conflicto y se convierta en motor de justicia y sostenibilidad.