Sergio Larraga (asesor jurídico en FUCI Aragón/Huesca): «Existe dificultad para proteger al consumidor en sectores como la IA, criptoactivos y economía de plataformas»
DIÁLOGOS MPAC CON ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.
Sergio Larraga se dedica a la protección y defensa de los derechos de las personas consumidoras mediante asesoramiento jurídico especializado y mediación en conflictos de consumo. Desde FUCI Aragón y los Puntos de Información al Consumidor (PIC-OMIC), se ofrece atención directa sobre reclamaciones, procedimientos de quejas, sistemas de arbitraje y protección legal. Se centran especialmente en consumidores vulnerables, derechos digitales, servicios financieros y seguridad de productos, complementando el trabajo de formación con actuación jurídica efectiva.
¿Cuáles son los principales objetivos de la entidad este año?
En primer lugar, reforzar la atención jurídica directa a consumidores en situación de vulnerabilidad, especialmente mayores ante fraudes digitales y servicios financieros. También ampliar el asesoramiento especializado en derechos digitales del consumidor, comercio electrónico y protección de datos personales, y potenciar los mecanismos de mediación y arbitraje como vía eficaz de resolución de conflictos de consumo.
¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan?
Nos enfrentamos a la complejidad creciente de los fraudes y estafas digitales dirigidas a consumidores vulnerables, especialmente mayores. También a la brecha entre la rápida evolución tecnológica del comercio digital y la capacidad de protección legal efectiva de los consumidores. Detectamos una necesidad de mayor coordinación entre administraciones, operadores económicos y asociaciones de consumidores para garantizar respuestas jurídicas ágiles, y nos ocupa la dificultad para hacer efectivos los derechos del consumidor en sectores emergentes como inteligencia artificial, criptoactivos y economía de plataformas. También, la proliferación de prácticas comerciales fraudulentas y engañosas en entornos digitales, donde la tutela jurídica efectiva del consumidor resulta compleja, y el incremento de casos de sobreendeudamiento y abusos en servicios financieros, especialmente microcréditos y productos de inversión no regulados. Quisiera destacar, también, los problemas derivados de la desinformación deliberada y publicidad engañosa que dificulta la toma de decisiones informadas, especialmente en productos financieros y servicios de salud, y la insuficiente protección legal ante nuevas formas de comercio (suscripciones ocultas, condiciones abusivas en plataformas digitales, cláusulas predispuestas).
¿Qué aspectos de la actualidad son los que más le preocupan con relación con el área de trabajo de su asociación?
La proliferación de prácticas comerciales fraudulentas y engañosas en entornos digitales, donde la tutela jurídica efectiva del consumidor resulta compleja. También el incremento de casos de sobreendeudamiento y abusos en servicios financieros, especialmente microcréditos y productos de inversión no regulados; la desinformación deliberada y publicidad engañosa que dificulta la toma de decisiones informadas, especialmente en productos financieros y servicios de salud, y la insuficiente protección legal ante nuevas formas de comercio (suscripciones ocultas, condiciones abusivas en plataformas digitales, cláusulas predispuestas).
¿Qué cree que debería cambiar a nivel legislativo para proteger mejor a las personas consumidoras?
En primer lugar, establecer un marco normativo específico para consumidores vulnerables que garantice mecanismos reforzados de protección, especialmente mayores y personas con discapacidad, ante fraudes y prácticas abusivas. También reforzar las competencias sancionadoras de las autoridades de consumo con sanciones disuasorias efectivas y simplificar los procedimientos de reclamación para hacerlos más accesibles. Regular de forma clara las obligaciones de las plataformas digitales en materia de transparencia, publicidad y responsabilidad, incluyendo mecanismos efectivos de resolución de conflictos; implementar sistemas de arbitraje de consumo vinculante y gratuito para el consumidor, con plazos de resolución reducidos y dotar de mayores recursos humanos y técnicos a las oficinas de consumo y sistemas de mediación para garantizar una atención jurídica de calidad y accesible.